Línea del tiempo

LINEA DE TIEMPO DERECHOS HUMANOS
AÑO DESCRIPCION
3000 AC No habían derechos humanos
539 AC Ciro El Grande

(conquista de babilonia, libertad a los esclavos, libertad de culto) El cilindro de CIRO

272 AC Edictos de Ashoka

Su política estuvo caracterizada por los ideales de no violencia, tolerancia religiosa, y respeto por los padres, maestros y mayores.

27 AC Imperio Romano

se desarrolla la ley natural, los derechos de los ciudadanos

622 DC Constitución de medina

Todos los derechos humanos se garantizarían, como las creencias, ritos, igualdad y justicia.

1215 DC La carta magna

reconoce que los hombres libres tienen derecho a un juicio por sus compañeros y que incluso un soberano no esta por encima de la ley.

1628 DC Petición de Derechos británica que se adopte.
1689 DC Proyecto de ley británica de derechos que se adopte, John Locke establece la noción de derechos naturales de la vida, la libertad y la propiedad.
1776 DC Declaración de la Independencia de EE.UU. proclama que “todos los hombres son creados iguales” y dotado de ciertos derechos inalienables.
1789 DC Declaración de francés de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que se adopte.
1791 DC EE.UU. Carta de Derechos incorpora las nociones de libertad de expresión, de prensa, ya un juicio justo en la nueva Constitución de los EE.UU..
1815 DC El Congreso de Viena está en manos de los estados que derrotó a Napoleón. La preocupación internacional por los derechos humanos se demuestra por primera vez en la historia moderna. La libertad religiosa es proclamada, los derechos civiles y políticos discuten, la trata de esclavos condenados.
1915 DC luchó en pro de los derechos de sus compatriotas de las injusticias y su creencia en que todos los seres humanos eran dignos de vivir
1919 DC Tratado de versalles En Versalles, los derechos de otras minorías de estrés de los tratados, incluido el derecho a la vida, la libertad, la libertad de religión, derecho a la nacionalidad del Estado de residencia, la plena igualdad con los demás nacionales del mismo Estado, y el ejercicio de los derechos civiles y políticos.
1930 DC Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio
1933 DC Régimen nazi de Adolf Hitler llega al poder en Alemania el 30 de enero de 1933. El período comprendido entre esta fecha hasta el final de la guerra en Europa (8 de mayo de 1945) es recordado como el “Holocausto”.
1945 DC Las Naciones Unidas (ONU) se ha establecido. Su Carta se afirma que uno de sus principales objetivos es la promoción y el fomento de “respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión”. A diferencia de la Liga de las Naciones Unidas, la Carta subraya el principio de los derechos humanos individuales.
1948 DC Asamblea General adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos ¾ de la primera articulación internacional de los derechos fundamentales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, y el primer acuerdo global entre las naciones en cuanto a los derechos específicos y libertades de todos los seres humanos.
Reconociendo y afirmando que todos los derechos humanos tienen su origen en la dignidad y el valor de la persona humana

La memoria también es un derecho. Las invisibles constituyentes y el derecho a recordar

Pepe Reig Cruañes

“Yo no podía ser testigo de la historia, sino protagonista de ella”

Asunción Cruañes

La maduración de las sociedades democráticas sólo puede darse a través de un permanente proceso de ampliación de derechos. Se sabe, ahora quizá más que nunca, que es un camino lleno de altibajos y reveses. Y se sabe también que en ese proceso la iniciativa corresponde a unas sociedades civiles vivas y organizadas que desarrollan una cultura cívica cada vez más exigente en cuanto al ámbito de aplicación de esos derechos. La salud, la educación, la privacidad, la seguridad jurídica, no fueron siempre derechos universales ni siquiera sobre el papel.  Ciudadanos y ciudadanas en acción los acuñaron y luego los extendieron a capas cada vez más amplias de la población. Y aún procuran que no se les escamoteen en cada crisis.

Lo mismo ocurre con una clase de “nuevos derechos” como la identidad sexual, la calidad ambiental o la memoria histórica. Derechos que han pasado de reivindicación más o menos aislada a convencimiento cada vez más general. En el año 2008, a pocos meses de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, el CIS preguntó a los españoles si les parecía bien esa Ley y si era una medida necesaria y suficiente. La respuesta puede sorprender cuando llevamos tanto tiempo oyendo a la derecha argüir que esa no es una demanda social:  conocida por un 62%, más de la mitad tenían una buena o muy buena opinión de ella, frente a un 15% que la veía mal o muy mal. La cosa pintaba distinto cuando se preguntaba si debían investigarse las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil (si: 38,9%, no: 44,8%) y durante el franquismo (No: 42,2%; sí: 40,8%).

1.manif

El franquismo ocultó sus crímenes y la democracia no ha hecho mucho por desvelarlos, desatendiendo así a las víctimas.Aunque el derecho de éstas a saber encaja como un guante en el que la sociedad tiene a la memoria, aún pesa el velo de silencio. La resistencia del sistema judicial y del político tiene su correlato en ese 42% de españoles que no quería investigar las violaciones de derechos durante el franquismo. Aunque ese porcentaje puede haber mejorado desde entonces, parece que esta sección de la memoria que podríamos llamar del “reproche”, no tiene aún suficientes partidarios.

Si se entiende bien la dificultad intrínseca de reconstruir ésta, no se entiende tanto que el velo también envuelva la “otra” memoria, la que no contiene reproches sino actos meritorios. La memoria de la transición sigue aún aquejada de varios sesgos omnipresentes: por un lado el relato “consensual” que los medios –no los historiadores- han canonizado tiende a borrar el rastro de lo conflictual. Así, se han difuminado las tensiones, atentados, abusos represivos, ruidos de sables y presiones ilícitas que rodearon todo el proceso. Por otro lado, la hegemonía de aquel proceso transitorio, que nunca perdieron las clases dominantes del franquismo, ha determinado también la difuminación deliberada de todo protagonismo social: ni el movimiento obrero que levantó huelgas generales cuando estaban prohibidas; ni los movimientos vecinales que deslegitimaron el urbanismo salvaje del franquismo y se unieron a la marcha democrática; ni la agitación universitaria que desde el 56 cambió la mentalidad de las clases medias; ni las protestas “profesionales” de abogados, artistas, economistas o funcionarios. Tampoco los partidos comprometidos en la lucha democrática, los de izquierda y especialmente los comunistas, salen en la foto. El mérito se ha reservado exclusivamente a las elites y los personajes que convienen al relato oficial: Suárez, el rey, la Iglesia y las Fuerzas Armadas.

2. ellos

Pero, si bien se mira, ese oscurecimiento de una parte de la realidad palidece ante otro de dimensiones numéricas aún mayores: la invisibilización sistemática de la mitad femenina de todos aquellos protagonismos ocultos en la marcha hacia la democracia.Para ellas la invisibilidad era doble. La aportación de las mujeres en los movimientos democráticos y en el feminismo no sólo no se ha contado, es que tampoco se ha colado en el “recuerdo” de la transición. Las mujeres y sus organizaciones llegaron a estar en el núcleo mismo de la tan glorificada transición, pero cuando el CIS pregunta por el recuerdo de los protagonistas, no aparecen junto a Suárez , el Rey, la prensa o los partidos democráticos. Y sin embargo, allí estaban.

3.constituyentes

Esa es la doble injusticia que ha querido reparar Oliva Acosta al acercarnos el rostro y la palabra de estas mujeres que nadie recuerda aunque fueron“madres de la Constitución”. La película LAS CONSTITUYENTES se inspiró en un libro-homenaje a las primeras diputadas y senadoras de nuestra democracia que encargó la vicepresidentaFernández de la Vega a la Red de Mujeres Constitucionalistas y dirigió la profesora Julia Sevilla. Producida por Olivavá Producciones y Canal Sur Televisión, se estrenó en 2012 y acaba de salir en DVD. La película documental de Oliva Acosta lleva la investigación sobre aquellas notables mujeres hasta un plano de proximidad y reivindicación que vuelve el relato emocionante.

Las 27 mujeres (6 senadoras y 21 diputadas) que integraron las Cortes Constituyentes de 1977. Dolores Ibarruri, Carlota Bustelo, Asunción Cruañes, Dolors Calvet, Ana María Ruiz Tagle, Soledad Becerril, Belén Landáburu, María Izquierdo y tantas más. Alternando encuentros particulares con cada una de ellas (las que aún vivían durante el rodaje) con una conversación colectiva en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso que reúne a varias de ellas con las actuales representantes de la soberanía popular. Setenta minutos intensos de visibilidad –palabra talismán para el feminismo- que revelan la magnitud de lo que se nos había ocultado. Un documento imprescindible para quien quiera reconstruir la imagen completa de aquella gesta colectiva de la transición que no es un cuento de príncipes que liberan princesas, como se nos hizo ver, sino una obra compleja e incompleta de ciudadanas y ciudadanos en busca de sus derechos.

Más allá de la precisa textualidad de las leyes, hay derechos que no están aún escritos ni reconocidos en la Declaración de la ONU, pero se han ido abriendo paso como derechos morales por la persistencia de unos pocos y por la fuerza de sus razones. El derecho a la memoria de lo que se ha sufrido y de lo que se ha luchado. El derecho a la visibilidadde lo que cada uno y cada una aporta en el espacio público. Porque es requisito para el aprendizaje de la ciudadanía, es decir, de esa condición que habilita para ser “no testigo, sino protagonista de la historia” y porque “sin ellas, sin las mujeres, no es democracia”.

4.ellas

La fe no se impone: la “libre” formación de la conciencia de los menores de edad

Ana Valero

                                 “El hombre sólo es digno cuando en todo, también en su religiosidad,                        camina por sí mismo (KANT: ¿Qué es la Ilustración?)

La jueza del Juzgado de Primera Instancia número 26 de Sevilla dictó un Auto que obliga a niño de ocho años para que haga su primera comunión, según el rito católico y a que asista a las clases preparatorias de catequesis, pese a la oposición de su madre y del propio menor.

En la fundamentación jurídica del Auto la jueza, apelando al “interés superior del menor”, se alinea con la opinión del Ministerio Fiscal, según el cual, que los progenitores se hubieran casado según el rito católico y que hubiesen bautizado al niño eran motivos suficientes para atribuir la decisión última al padre, titular de la patria potestad, respecto a si su hijo debe o no recibir clases de catequesis para la preparación de la primera comunión.

Con esta resolución la jueza y el Ministerio Público dejan de lado las últimas interpretaciones que, en materia de patria potestad, derechos educativos paternos y libertad de conciencia de los menores de edad, han dictado distintas Cortes Constitucionales, incluida la española, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Divino Niño

De la tradicional concepción de la minoría de edad como un estatus caracterizado por la falta de madurez física y mental del niño y como condición de vulnerabilidad que requiere de especiales medidas de protección, la Convención Internacional de los Derechos del niño y, a nivel nacional, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, aun sin olvidar dicha vulnerabilidad, ahondan en la afirmación de lacreciente autonomía de éste, reconociéndole la titularidad y el ejercicio progresivo de sus derechos a medida que vaya adquiriendo la“madurez” suficiente para ello. Así, de una concepción del menor como mero objeto de protección y propiedad de los padres se pasa a otra que lo entiende como ciudadano y sujeto de derechos, lo que tiene consecuencias importantes en el ámbito de su libertad de conciencia.

La libertad de conciencia es, sin género de dudas, uno de los derechos del menor de edad que mayores y más complejos conflictos jurídicos genera debido a su imbricación con los derechos u obligaciones de todos los sujetos públicos y privados que, de forma directa o indirecta, toman parte en el proceso de su desarrollo. Así, cuestiones como la negativa de los padres Testigos de Jehová a que sus hijos reciban transfusiones de sangre; el derecho que reivindican aquéllos a que los menores asistan a clases de religión; su oposición a que cursen determinadas materias del currículo educativo, o su negativa a que lo cursen en escuelas públicas u homologadas por el Estado –homeschooling- son sólo algunos ejemplos de ello.

El grado de autonomía idóneo para el ejercicio consciente y responsable de las libertades ideológica o religiosa debe basarse en la capacidad de elección y en la madura libertad psicológica de la que no siempre se encuentra provisto el menor de edad en las distintas etapas de su infancia. El menor es titular pleno de los derechos fundamentales que la Norma Suprema atribuye a toda persona desde su nacimiento –a excepción de los derechos de participación política- y ejerciente progresivo de los mismos. En consecuencia, los padres, tutores o guardadores de los menores no sólo asumen una posición de garantes de sus intereses sino que, en determinadas circunstancias, pueden llegar incluso a ejercer en nombre de éstos algunas de las facultades que forman parte del contenido de sus derechos fundamentales cuando no se ha alcanzado una determinada madurez. Ahora bien, la facultad de los padres de decidir por sus hijos, también en el ámbito de las convicciones o creencias, es limitada en el tiempo y está condicionada a que el menor carezca de la madurez suficiente como para decidir por sí mismo.

niño rezando

Como consecuencia de lo anterior, y a diferencia de lo que ha resuelto la Jueza de Sevilla, debe quedar claro que no existe un derecho de los padres, o de uno de ellos, sobre las conciencias de sus hijos sino una mera facultad de “guía”-artículo 5 de la Convención de los Derechos del Niño y “cooperación” –artículo 6.3 de la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor- que facilite el desarrollo de su autonomía también en materia de creencias. La consecuencia directa que dicho planteamiento proyecta sobre la libertad de conciencia de los menores de edad es la necesidad de proteger jurídicamente el proceso de formación, gestación y maduración de sus convicciones, esto es, la “libre formación de su conciencia”.

Es doctrina de nuestro Tribunal Constitucional -SSTC 141/2000, de 29 de mayo, FJ 5° y 154/2002, de 18 de julio, FJ 9°- que el “interés superior del menor” no es definible en abstracto en relación con el régimen de ejercicio de sus derechos fundamentales. Ya que, si bien en unos casos la edad del niño o su grado de madurez permitirá identificar su interés prevalente con el ejercicio autónomo de los derechos de los que es titular, en otros, su especial vulnerabilidad y su falta de capacidad natural, exigirá -en aras a proteger dicho interés superior- una activación de las medidas derivadas del mandato constitucional de protección, que puede desembocar en restricciones concretas de su genérica capacidad de autoejercicio.

Pues bien, en el Auto que ha dado pie al presente artículo, la jueza identifica erróneamente el “interés superior del menor” con la obligación de acudir a las clases de catequesis y de realizar la primera comunión, tal y como deseaba el padre. Si bien es cierto que, como dice el Auto, el niño había sido bautizado e inscrito en un colegio con ideario católico, no lo es menos que ambos actos constituían decisiones conjuntas de los progenitores, como no podía ser de otro modo, porque el menor carecía de la madurez requerida para oponerse a ello. Ahora bien, precisamente porque a través del bautismo el niño entró a formar parte de la comunidad católica sin su aquiescencia, como lo hacemos la mayor parte de la ciudadanía, y precisamente porque la discrepancia entre los padres se produce cuando el niño ya tiene 8 años con respecto a un acto, el de la primera comunión, que pretende reafirmar a quien lo realiza en una fe concreta, el interés superior del menor no puede más que identificarse, en este caso, con no realizar o postergar en el tiempo la celebración del rito puesto que sólo así podrá salvaguardarse su libertad de conciencia “autónoma”.

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Pero la libertad de conciencia del niño no sólo germina y se desarrolla en el seno del ámbito familiar, pues la escuela aparece como el segundo gran ámbito de socialización propicio para ello. Los derechos educativos paternos, que tienen su fundamento constitucional en el “derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones” –artículo 27.3 de la Constitución- se enmarcan, en palabras del Tribunal Constitucional español, en el principio de libertad de enseñanza, entendida como libertad para proceder a la transmisión de conocimientos y valores de acuerdo con la propia conciencia -artículo 27.1 CE-. De este modo, el derecho reconocido en el artículo 27.3 CE, junto con el derecho de creación de centros docentes privados –artículo 27.6 CE- y el de dotación a los mismos de un ideario propio, garantiza a los padres la libertad de elegir el modelo educativo que desean para sus hijos.

Sin embargo, como ha reiterado la Corte Constitucional española, este derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral de los hijos y a optar, en suma, por un modelo educativo concreto acorde con sus convicciones, encuentra un límite en su deber de procurarles una educación integral que contribuya al libre desarrollo de su personalidad y de su autonomía en los términos previstos por el artículo 27.2 CE. El citado artículo constitucional contiene lo que el gran jurista Tomás y Valiente dio en llamar el “ideario educativo constitucional”, en virtud del cual, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

En el mismo sentido se pronunció hace pocos años el Tribunal Constitucional (STC 133/2010) que denegó el amparo a los padres de unos niños que recibían la enseñanza básica en su propio hogar, afirmando que, la educación en los valores constitucionales requiere la convivencia participada en libertad, el respeto por el pluralismo de ideas y creencias y la formación de ciudadanos activos, participativos y críticos. De tal forma que una educación sesgada, adoctrinadora o contraria a los principios constitucionales y a los derechos fundamentales, ya se produzca ésta dentro de la red escolar convencional o fuera de ella, entraría en contradicción abierta con la Constitución.

Por lo que la cláusula contenida en el artículo 27.2 CE es vinculante incluso para los centros privados con ideario. Éstos, hallándose facultados para transmitir su ideario a los alumnos, no deben incurrir en lo que en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado en llamar “proselitismo abusivo o de mala calidad” (Sentencia de 25 de mayo de 1993, pronunciada en el Caso Kokkinakis c. Grecia), esto es, en un adoctrinamiento u orientación ideológica “excluyente, dogmática, coactiva, intimidatoria o manipuladora” que contradiga las máximas del artículo 27.2 de la Norma Suprema, que exige el compromiso de sujetos públicos y privados con la promoción del pluralismo y con el rechazo de toda visión unidimensional del mundo.

De tal modo que, aunque la Constitución no establezca un sistema educativo concreto y rígido, y permita la implantación de varios modelos de enseñanza –dualidad entre centros públicos y privados homologados por el Estado- el contenido de las libertades de las que son titulares la totalidad de los actores jurídicos del proceso educativo –titulares de centros privados de enseñanza, educadores y progenitores-, queda subordinado a la plena satisfacción del derecho del menor a recibir una educación integral basada en el “ideario educativo constitucional”.

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